El sistema instalado por la Suprema se conoce como Red Geodésica Nacional que permite elaborar la cartografía parcelaria de todo el país mediante tecnología satelital y realizar de manera precisa y eficiente los trabajos de la mensura catastral. A partir de la red geodésica, es posible georreferenciar parcelas o cualquier proyecto de ingeniería y poderlos integrar a todos en un mismo sistema. Se inició el sistema con cuatro estaciones de Red de Estaciones Permanentes (CORS), por siglas en ingles. Se deberían instalar 16 estaciones CORS en todo el país. Además, 54 puntos físicos en 54 municipios del país.

De esos 54 puntos muchos han sido destruidos porque fueron colocados en lugares no adecuados, como canchas y plays. Por otra parte, los errores georeferenciales a partir de la información satelital han sido causa de conflictos y de litis en los tribunales. Por otra parte, las informaciones originales de todas las parcelas en el territorio nacional desde el año 1880 hasta el 2000 fueron eliminadas por quienes administran la Jurisdicción Inmobiliaria. esto ha traído como consecuencia que se encuentran planos hechos a mano con errores y luego es imposible volver a dibujarlos correctamente porque no aparecen los datos que debieron ser guardados.

Otro problema es que se han sacado títulos a parcelas que ya lo tenían. Parte de los congestionamientos de expedientes que hay en los tribunales de tierra es por litis de terrenos ya registrados. Las mejoras tecnológicas en la Jurisdicción Inmobiliaria se han constituido como un aporte positivo e innegable en aras de elevar la seguridad jurídica en cuanto a la propiedad. Algo indispensable para que exista en el país un clima de inversiones favorable a nivel inmobiliario. Ahora bien, todo sistema en sus inicios está sujeto a errores y conflictos.

La crítica por la falta de esa seguridad jurídica que tanto se espera no debe enfocarse primariamente en la eficacia del SIGAR como sistema, sino en la ética y la capacidad de de los jueces y el personal administrativo de esa Jurisdicción para aplicar de una forma fiel, justa y transparente, los principios del sistema Torrens en que se fundamentan los derechos registrales en el país en materia inmobiliaria.